El CERMI Comunidad de Madrid ha solicitado en distintas ocasiones a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid reuniones para abordar las preocupaciones del sector de la discapacidad en materia educativa y no ha obtenido respuesta. De hecho, uno de los aspectos que más preocupan al movimiento asociativo es el desarrollo normativo, a nivel regional, de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en todo lo relativo al alumnado con discapacidad en la Comunidad de Madrid. El Comité madrileño ha ofrecido su colaboración y ha solicitado su participación en dicho proceso.

 

"Consideramos que para un gobierno regional como el nuestro debe ser esencial salvaguardar a quienes más necesitan de su apoyo, y desde el CERMI Comunidad de Madrid reclamamos un sistema educativo que asegure el mejor futuro para los niños y niñas con discapacidad”. Es indudable, que si técnicos y expertos en discapacidad pueden asesorar desde el principio a la Comunidad en el desarrollo de la LOMCE, ésta se ajustará mucho mejor a la situación real y a los recursos necesarios para cubrir las necesidades.

 

 

Recuerdan, además, que la consejera de Educación, Lucía Figar, se comprometió con el Comité, y posteriormente en la Asamblea de Madrid, a desarrollar un marco normativo desde el que se regulasen las funciones y tareas de los y las profesionales no docentes que trabajan en el contexto escolar con el alumnado con discapacidad asegurando su plena participación y aprendizaje. En el Pleno de la Asamblea de Madrid del 3 de octubre de 2013, Figar explicó que había solicitado al Gobierno central que en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que se permite una tasa de reposición de personal docente o sanitario, se contemple también publicar una oferta de empleo público para profesionales no docentes con experiencia en la atención a este alumnado. De este modo, también se podrían definir mejor sus funciones y ajustar sus tareas a las necesidades detectadas.

 

 

“Creemos firmemente que debe hacerse un esfuerzo mayor para incorporar e integrar plenamente en la educación ordinaria al alumnado con discapacidad, aplicando medidas de discriminación positiva, ya que son personas que se encuentran en clara desventaja”. Este argumento también se refleja en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Precisamente, en su artículo 24, se indica: “Se reconocerá el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, la Administración asegurará un sistema de educación inclusivo a todos los niveles”.

 

 

Por otro lado, al Comité llegan multitud de consultas y demandas en materia de enseñanzas no universitarias de alumnos y alumnas con discapacidad, tanto de escolarización en educación especial como en centros de integración. Por eso, entiende que estos asuntos deberían tratarse en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, como órgano colegiado superior de consulta y participación de los sectores afectados, en materia de enseñanza no universitaria, máxime si tenemos en cuenta que dentro de sus competencias se encuentran: “las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad social madrileña, así como las encaminadas al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la enseñanza y lograr el reequilibrio y la compensación de las desigualdades territoriales, sociales e individuales”.

 

Hasta este momento, se aborda cada demanda individualmente, pero si el CERMI Comunidad de Madrid formara parte del Consejo Escolar se alcanzarían acuerdos muy positivos para todas las personas.